La agrupación Red de Humedales del Bío-Bío, junto con la ONG Defensa Ambiental, presentaron un requerimiento en la Contraloría Regional del Biobío, para que se indague en las medidas y protocolos que se llevaron a cabo tras el derrame de pintura que terminó por contaminar los humedales Paicaví y Rocuant-Andalién. En información que consignó el portal Resumen, los antecedentes recolectados por las organizaciones sociales indican que la contención del derrame no fue la adecuada.
Según Evelyn Soto, Ingeniera Medioambiental de la Red de Humedales del Biobío, en imágenes se apreciaría el uso de una barrera que sólo funciona cuando los fluidos que se ponen en contacto son de distinta densidad, lo cual no la haría apta para el tipo de líquido que se quiso contener.
Debido a esto, la pintura industrial perjudicó en gran medida el ecosistema, contaminando su flora y fauna, causando un tremendo daño en la cadena trófica, además de afectar también los humedales Rocuant-Andalién y Vasco Da Gama, debido a que son sistemas interconectados.
“Estos ecosistemas son esenciales para la vida. No solamente por el agua que tienen, sino que también por el disfrute estético y la identidad territorial. Además, son clave para la mitigación del cambio climático, entonces en vista de eso estamos haciendo una mira a futuro de la ciudad que queremos”, indicó la ingeniera medioambiental. En el ámbito legal, el abogado de la organización Defensa Ambiental, Francisco Astorga, se refirió al nivel de protección que tienen los humedales hoy día diciendo que “en general, la legislación no es muy protectora de los humedales.
Ahora bien, en términos particulares, el humedal Rocuant-Andalién, así como el Paicaví y el Vasco Da Gama en Hualpén, se encuentran en el listado de sitios prioritarios para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Lamentablemente, y es algo que hemos solicitado el día de hoy que aclare a Contraloría, toda la información de estos sitios prioritarios es difusa”.
Las agrupaciones medioambientales esperan que -en el mejor de los casos- las autoridades hayan actuado conforme a lo que indica la ley y las medidas hayan operado con normalización. De lo contrario, analizarán los antecedentes que aparezcan en la investigación de la Contraloría y exigirán las responsabilidades administrativas correspondientes, sin descartar llevar la situación a Tribunales de Justicia si así lo requiere.
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